Exigencias de transparencia aumentan tras la detención de un exfuncionario.

El escándalo relacionado con una supuesta empleada «fantasma» en la Unicameral de Córdoba continúa generando ecos en la provincia, especialmente luego de la solicitud de mayor transparencia en la información pública dirigida a la propia Legislatura.

Esta solicitud se originó tras la captura de Guillermo Kraisman, el exfuncionario que intentó cobrar el salario de una mujer que, según se afirma, trabajaba en la Legislatura. En este contexto, La Voz del Interior interpuso un amparo judicial para obtener datos sobre el número de contratados y sus remuneraciones en la Unicameral. No obstante, la institución se negó a facilitar esta información, alegando razones de privacidad.

Pablo Secchi, director ejecutivo de la ONG Poder Ciudadano, resaltó que «este tipo de información es habitual y debería ser respondida por los gobiernos». Además, subrayó que «el nombre de un ciudadano no se considera un dato privado».

Secchi también recordó que existe un amparo favorable desde 2002 que respalda el derecho al acceso a este tipo de información y enfatizó que «no se puede invocar la protección de datos personales» como justificación para negarse a proporcionar información pública.

Fuente Informativa: Cadena 3