Se trata del fondo para el Transporte Eléctrico Federal, cuyas actividades quedaron relegadas a partir del decreto 234/2025

En el marco de las auditorías llevadas a cabo por el Gobierno, el Gobierno disolvió el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF) tras detectar variadas irregularidades en la gestión del mismo.

Se trata de una estructura que financiaba obras de infraestructura eléctrica en Argentina, cuyos fondos provenían del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica. Había sido creado en 1999 por la Secretaría de Energía del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, con el objetivo de financiar obras para la ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica, particularmente en alta tensión. Particularmente, apuntaba a proyectos que estuvieran destinados “al abastecimiento de la demanda o a la interconexión de regiones eléctricas, teniendo por fin la mejora de la calidad del servicio junto a una mayor seguridad de la demanda”.

Pero después de una serie de observaciones realizadas por organismos como la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Economía, que cuestionaron la eficacia y la gestión del fondo, el Poder Ejecutivo determinó avanzar con la reciente medida, bajo el decreto 234/2025.

Según el escrito publicado en el Boletín Oficial, cuyas firmas pertenecen al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo -en cuya cartera se llevaba a cabo la dirección y conducción de dichos fondos fiduciarios-, la SIGEN “elaboró un Informe de Auditoría Especial en el que formuló observaciones sobre el funcionamiento”, que apuntan al incumplimiento sistemático al “Reglamento de Contrataciones CAF”.

Dentro del listado de irregularidades detectadas, mencionó la inexistencia de “manuales o instructivos internos formalizados que describan, de modo íntegro, la totalidad de las operatorias realizadas por el referido fondo”, y la falta de “un sistema integral de gestión y registro de la información financiera”, lo cual no permite que exista un adecuado control de los fondos que se destinaron a cada una de las obras.

También, destacaron el incumplimiento de normativas relacionadas con las contrataciones, demoras significativas en la ejecución de las obras, provocando incrementos en los costos y ajustes en los precios; y un aumento desproporcionado del personal a cargo del fondo.