El Estado aprobó un subsidio económico equivalente a una jubilación mínima para los familiares de las víctimas, pero no todos pueden acceder.
Por cada mujer asesinada, un niño, una niña o un adolescente queda huérfano. No es una relación lineal, porque menos de la mitad de las víctimas tenía hijos, pero estas chicas y chicos que se quedaron sin madre ya suman miles de casos. El sufrimiento persiste en las familias no sólo por la pérdida y la situación traumática. También suelen hacerse cargo de la crianza tras los femicidios, lo que, en muchos casos, empeora una situación económica que ya era frágil.
Fueron al menos 4.015 los huérfanos por femicidios en los últimos 15 años, según los datos recopilados por las organizaciones la Casa del Encuentro y el Observatorio Lucía Pérez hasta el pasado diciembre. Sólo durante el año pasado, 236 niños perdieron a su madre por crímenes de género, según los datos no oficiales que analizó Infobae.
Eva Gómez fue degollada el último 31 de diciembre en Chaco por su pareja. Dejó ocho hijos. Su caso no es una excepción: hay media centena de familias numerosas con hasta 11 hijos que se quedaron sin madre por delitos de género. ¿Quiénes se hacen cargo de la crianza? Mayormente sus abuelas y tías (por parte de la madre), que atraviesan el duelo juntos y, sobre todo, asumen el desafío de la crianza por varios años.
El Estado creó un Régimen de Reparación Económica para las Niñas, Niños y Adolescentes a principios de 2018. La Ley 27.452, conocida como “Ley Brisa”, nació por iniciativa de la organización La Casa del Encuentro después del femicidio de Daiana Barrionuevo, asesinada a golpes por el padre de sus tres hijos en 2014 en Moreno. Brisa es el nombre de una de las niñas, que quedó junto a sus hermanos al cuidado de su abuelo.
Este beneficio es una reparación económica para los huérfanos y para sus familias, cuyo valor es equivalente a la jubilación mínima (actualmente $60.124) y se sostiene hasta que el menor cumpla 21 años, excepto cuando tenga una discapacidad (en ese caso es una renta vitalicia). Hasta que el niño o niña cumpla 18 años, ese ingreso es gestionado por las personas adultas que ejercen su crianza, pero cuando son mayores de edad ellos mismos gestionan sus ingresos hasta cumplir los 21.
Desde que se puso en aplicación la ley -a comienzos de 2019- hasta la actualidad, fueron 1126 los menores accedieron a este beneficio. Hasta el mes pasado había 1.147 menores que cobraban este ingreso, según informaron fuentes oficiales. Al analizar los montos totales liquidados desde que se inició el programa hasta septiembre de 2022, se registra un total de erogaciones por $ 1.144 millones. De ese total, alrededor de 619 millones de pesos se liquidaron en concepto de reparación económica mensual y 525 millones de pesos en concepto de pagos retroactivos.
Natalia Chinetti, directora de Abordaje Integral de Casos de Femicidios en el Ministerio de las Mujeres, indicó a Infobae que, pese a su corta vida, el programa mejora con el paso de los meses. “Siempre falta hacer más desde Estado, pero notamos avances en la implementación de la norma (la ley Brisa). Desde el Ministerio monitoreamos los casos para acompañar a los familiares en todo el país, trabajamos en forma coordinada con las provincias y con la justicia. Estamos muy contentas porque tenemos avances significativos para sentar algunos precedentes sobre lo que la ley establece. Se repensaron algunos procedimientos que no estaban previstos en la ley, como por ejemplo el caso de los prófugos, que ahora se puede otorgar el derecho cuando el juez dicta un pedido de captura sobre el sospechoso”.
Los requisitos
Los datos oficiales sobre los beneficiarios de este régimen estatal también permite conocer con más detalle quiénes son las víctimas colaterales de los femicidios. Casi la mitad de los que perciben este ingreso son niñas y niños de entre 5 y 12 años; los adolescentes de entre 13 y 17 años (33% del total) son el segundo grupo más afectado.
Para acceder a esta ayuda económica, sin embargo, hacen falta cumplir varios requisitos. La ley contempla varios casos posibles. Primero, a las hijos e hijas de víctimas de femicidios cuyo progenitor haya sido procesado o condenado (o haya prescrito la acción penal por su muerte) como autor, coautor, instigador o cómplice del homicidio de su madre. Pero también incluye casos donde la madre o el padre hayan muerto como resultado de violencia por motivos de género.
“La idea de imponer estos requisitos es que ninguna persona que estuviera involucrada en el femicidio se pudiera hacer cargo de los niños. Nuestro temor era que se quedaran con estos beneficios económicos. Si el régimen no fuera incluyera estos requisitos podrían cobrar este dinero familiares que verdaderamente no se hicieran cargo del menor”, indicó Ada Beatriz Rico, directora de Casa del encuentro.