El Tribunal Oral Federal N°5 definió las penas por el desvío de más de $206 millones destinados al programa de viviendas sociales de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en una causa que llegó a juicio después de 15 años.
l Tribunal Oral Federal N°5 condenó este lunes a José López, Abel Fatala y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender por el desvío de más de $206 millones que el Estado había destinado a la construcción de viviendas sociales a través del programa Sueños Compartidos, de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Aún así, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido fue absuelto.
Según el veredicto, López, exsecretario de Obras Públicas, recibió una pena de 2 años y 9 meses de prisión en suspenso, la misma condena que Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas. Sergio Schoklender fue condenado a 2 años y 8 meses, mientras que Pablo Schoklender recibió 2 años y 4 meses, también en suspenso.
Al mismo tiempo, los jueces Adriana Paliotti, Adrián Grünberg y Daniel Obligado también absolvieron a los otros cuatro imputados: los exfuncionarios santiagueños Daniel Nasif y Silvia Karina Nasif, y los exfuncionarios del Ministerio de Planificación Claudio Freidin y Carlos Castellano.
El veredicto se conoció en Comodoro Py, después de seis meses de debate oral y al filo de la prescripción de la causa. Según había planteado la Fiscalía, este martes se cumplen seis años desde el último acto interruptivo válido, por lo que la acción penal podía quedar extinguida.
Sin embargo, el tribunal rechazó los planteos de las defensas.
Qué se estaba investigando en la causa Sueños Compartidos
Esta causa investigó el destino de los fondos que el Estado nacional giró entre 2008 y 2011 a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, a través de convenios firmados con el Ministerio de Planificación que encabezaba De Vido, para construir viviendas y centros de salud en distintas provincias.
Se dio a conocer que, en total, la Fundación administró cerca de $748,7 millones, mientras que la acusación sostuvo que $206,4 millones fueron desviados hacia empresas vinculadas a los hermanos Schoklender.
A partir de la fiscalía, las obras fueron adjudicadas de manera directa a la Fundación, sin licitación, y desde allí parte del dinero terminó en sociedades vinculadas a sus entonces apoderados. El fiscal Diego Velasco describió la existencia de un “plan criminal” coordinado entre funcionarios públicos y los responsables del programa.
Tanto la Fiscalía como la UIF habían solicitado seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos para De Vido, López, Fatala y los hermanos Schoklender, al considerarlos responsables del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado. Para los otros cuatro imputados habían pedido cuatro años de prisión como partícipes secundarios.
Las defensas, en cambio, reclamaron la absolución y plantearon que la causa debía declararse prescripta.
El expediente se inició en 2011, después de que estallara el conflicto entre los hermanos Schoklender y Hebe de Bonafini, y llegó a juicio oral recién el 4 de marzo de 2026. Bonafini estuvo procesada hasta su muerte, en noviembre de 2022, pero nunca llegó al banquillo de los acusados.
Sergio Schoklender fue el único de los acusados que hizo uso de sus últimas palabras, durante la audiencia del viernes pasado. Defendió la ejecución del programa de viviendas y lanzó una referencia irónica a Cristina Kirchner. De Vido, López, Fatala y Pablo Schoklender decidieron no hablar.
Aún, las condenas todavía no están firmes y las defensas anticiparon que recurrirán ante la Cámara Federal de Casación Penal. El tribunal dispuso además el decomiso de $206 millones, actualizado por inflación cuando la sentencia quede firme, con destino a programas de vivienda social.
El fallo completo será difundido el 13 de noviembre.
HM / MV cp