El oficialismo quiere debatir el proyecto que elimina las restricciones a los empresarios extranjeros para comprar tierras y el pliego del juez Víctor Pesino.
La ausencia de senadores dialoguistas complica la conformación del quorum para la sesión del Senado impulsada para mañana por La Libertad Avanza, a fin de debatir el proyecto donde se debatirá el proyecto de propiedad privada que propone eliminar las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.
La incertidumbre sobre el quorum surgió en la noche del miércoles cuando se supo que, al menos tres radicales, no concurrirán este jueves a la Cámara alta ni lo hará un legislador de Provincias Unidas como así también los dos santacruceños que rechazan aspectos centrales del proyecto de «inviolabilidad» de la propiedad privada.
Tampoco quiere que se realice la sesión la vicepresidenta Victoria Villarruel que mantuvo una fuerte discusión con la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, en un intercambio que tuvieron por mensajes de texto, en torno a la iniciativa que permite la venta de tierras a extranjeros.
«¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial?», le reprochó Villarruel a Bullrich. Sobre el final del intercambio, la Vicepresidenta calificó a la senadora de chupamedias de Karina Milei: «Andá a chuparle las medias a Karina», espetó Villarruel; a lo que Bullrich retrucó: «¡Chau! ¡Chau comienzo y fin de una corta vida política».
Límite a la compra de tierras
Uno de los puntos centrales es que el proyecto elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras y dispone que las provincias tendrán que autorizar las ventas a extranjeros.
Se prohibirá la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros, y de empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.
Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional. En los casos de zonas de frontera deberá haber una autorización de los gobiernos nacionales y provinciales.
Si no existe un reparo ni del gobierno nacional ni provincial se reconocerá el silencio administrativo, con lo cual a los 180 días serán propietarios de pleno derecho.