Médicos, residentes, sindicatos y organizaciones sociales marcharon desde el Ministerio de Salud hasta Plaza de Mayo bajo la consigna “La salud no puede esperar”. En paralelo, recrudece la disputa entre el Gobierno nacional y la gestión bonaerense de Axel Kicillof por el financiamiento sanitario.
La Marcha Federal por la Salud Pública reunió este miércoles a miles de trabajadores de hospitales, médicos, residentes, estudiantes y organizaciones sociales que se movilizaron desde el Ministerio de Salud de la Nación hacia Plaza de Mayo en rechazo al ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei sobre el sistema sanitario.
La protesta se realizó bajo la consigna “La salud no puede esperar” y tuvo como eje principal el rechazo a los recortes presupuestarios, el desfinanciamiento de programas nacionales y la crisis que atraviesan hospitales públicos en todo el país. Entre los reclamos también aparecieron la falta de medicamentos, el deterioro de prestaciones y el impacto del ajuste sobre jubilados y pacientes con enfermedades crónicas.
La movilización estuvo encabezada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y dirigentes del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), espacio integrado por gremios como la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros y Molineros, entre más de 140 organizaciones sindicales y sociales.
“La Salud es un derecho humano y social, pero este Gobierno la quiere convertir en un negocio. Lo tenemos que evitar”, afirmó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
El dirigente aseguró además que “es inminente el cierre de numerosos servicios hospitalarios” y denunció que “el ajuste sobre la salud dejó de ser una discusión presupuestaria y se está traduciendo en enfermedad y muerte”.
Desde las organizaciones convocantes señalaron que, desde la llegada de Milei a la presidencia, el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud cayó un 40%, mientras que el proyecto de Presupuesto 2026 prevé nuevos recortes, superiores a los 63 mil millones de pesos.
También advirtieron que más de 742 mil personas perdieron cobertura médica, que el programa Remediar pasó de distribuir 79 medicamentos gratuitos a solo 3 y que el presupuesto del PAMI sufrió un recorte cercano al 40%, generando deudas con prestadores y dificultades para acceder a turnos y tratamientos.
En el documento leído durante la movilización también se denunció el desmantelamiento de políticas sanitarias nacionales, como el cierre del plan ENIA de prevención del embarazo adolescente, el recorte en vacunación y la pérdida de autonomía de hospitales nacionales.