El máximo tribunal quedó en condiciones de emitir sentencia y las expectativas están puestas en la próxima reunión de acuerdos. Los escenarios posibles.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó este martes en condiciones de resolver la causa contra el gobierno por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
El conflicto gira alrededor de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya ejecución el Gobierno cuestiona desde que la vetó parcialmente en 2025 y luego volvió a objetar cuando el Congreso insistió con su sanción. La posición oficial sostiene que la norma no define con precisión de qué partidas deben salir los fondos ni cuáles son las fuentes concretas para financiarla.
Con este movimiento, la Corte está en condiciones en emitir sentencia por lo que las expectativas quedan puestas en su próxima reunión de acuerdo, el jueves. Según marca la normativa, en estos casos no es necesario que gire el expediente al Ministerio Público Fiscal para que emita opinión, aunque puede requerirla.
La ley cuestionada establece la actualización automática de las partidas según la inflación, la recomposición salarial de docentes y no docentes, y refuerzos específicos para becas, infraestructura y hospitales universitarios.
Sin embargo, su implementación fue limitada en la Ley de Presupuesto 2026 y a través de la Decisión Administrativa 20/2026.
Por ese motivo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) promovió una medida cautelar que obtuvo fallos favorables en primera y segunda instancia. En respuesta, el Gobierno interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema donde argumentó que la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley provocaría un “grave e irreparable perjuicio al Estado”.
Paralelamente, las universidades impulsan un incidente de ejecución de sentencia en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para que se liberen las transferencias pendientes. Hasta que la Corte no resuelva el recurso extraordinario, la ejecución de la ley permanece suspendida y el Ejecutivo no está obligado a realizar las erogaciones correspondientes.
Sin embargo, no existen plazos para que se pronuncie el máximo tribunal. Fuentes consultadas confirmaron a TN que la Corte podría rechazar el recurso sin entrar al fondo del asunto, invocando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Si adopta esa postura, quedaría firme la sentencia de Cámara que obliga al Gobierno a transferir los fondos.