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La Cámara Electoral revocó el procesamiento del presidente de La Libertad Avanza Chaco

La Cámara Nacional Electoral dejó sin efecto el procesamiento de Alfredo “Capi” Rodríguez en la causa por presuntas afiliaciones apócrifas y dictó su falta de mérito. El tribunal cuestionó la valoración de pruebas centrales y el expediente volverá a primera instancia.

La Cámara Nacional Electoral revocó el procesamiento del presidente de La Libertad Avanza Chaco, Alfredo “Capi” Rodríguez, en la investigación por presuntas irregularidades en la incorporación de afiliados al espacio libertario. El tribunal consideró que, con las pruebas reunidas hasta el momento, no existe sustento suficiente para mantenerlo procesado, aunque tampoco dispuso su sobreseimiento.

La resolución, fechada el 8 de septiembre, modificó así la situación procesal del dirigente chaqueño, quien había quedado bajo investigación por delitos vinculados con falsedad ideológica de documentos públicos, utilización de documentación falsa e incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de una agravante relacionada con el ejercicio de la función. En primera instancia también se había dispuesto un embargo de $5 millones y restricciones para salir del país.

El expediente se originó a partir de denuncias de personas que aparecían incorporadas a una estructura partidaria pese a asegurar que nunca habían manifestado su voluntad de afiliarse. La pesquisa avanzó sobre fichas con firmas cuestionadas y también sobre la hipótesis de que se hubieran utilizado datos provenientes de organismos estatales para confeccionar parte de esa documentación.

La pericia sobre las firmas que cambió el escenario judicial

Uno de los cuestionamientos centrales de la Cámara Nacional Electoral apuntó al momento en que se había dictado el procesamiento. La primera instancia resolvió la situación de Rodríguez cuando todavía no estaba concluida una pericia caligráfica considerada relevante para determinar quién había realizado las firmas incorporadas a las fichas investigadas.

El resultado de ese estudio terminó favoreciendo la posición de la defensa: los peritos concluyeron que las rúbricas cuestionadas no habían sido realizadas por Rodríguez. Para la Cámara, ese dato impedía sostener, al menos con el grado de probabilidad requerido en esta etapa, que el presidente libertario hubiera sido autor de las falsificaciones.

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