Eskilstuna, la ciudad de Suecia en la que hay que pagar para poder mendigar
Es el primer municipio sueco que opta por esta vía para intentar acabar con esta práctica y evitar prohibirla.
Pagar para poder mendigar. En Eskilstuna, una ciudad de unos 100.000 habitantes a un centenar de kilómetros al oeste de Estocolmo, las personas que piden limosna están obligadas a solicitar una licencia a la policía, previo desembolso de 250 coronas (unos 23,5 euros).
Es el primer municipio de Suecia que opta por esta vía para intentar acabar con esta práctica, eludiendo así el término prohibición, pese a que para muchos de los mendigos supondrá, en efecto, una prohibición.
Según la nueva normativa, cualquiera que quiera “recaudar dinero pasivamente” en las calles y plazas públicas de Eskilstuna debe rellenar una solicitud –remarcan, como facilidad, que lo pueden hacer también online–, aunque la organización benéfica Stadsmission alerta de que muchas de estas personas son analfabetas.
Además, deberán presentar un documento de identidad válido. Y, ¿qué vigencia tendrán estas licencias? Según informa la televisión pública SVT, la policía ha concluido que pueden tener una validez máxima de tres meses, aunque todavía está por determinar cada cuánto se deberán renovar los permisos. Se debate incluso si podrían ser licencias de un día, un extremo por el que se decanta el alcalde de Eskilstuna, el socialdemócrata Jimmy Jansson, aunque subraya que se trata de una decisión policial, informa el periódico Aftonbladet.
Esta normativa fue votada en junio del año pasado por la coalición de gobierno del Partido Socialdemócrata, Moderados (conservadores) y Partido de Centro, con el apoyo también del partido xenófobo Demócratas de Suecia. El alcalde defendió que esta medida debía servir para ayudar a los mendigos a entrar en contacto con Stadsmission y otras organizaciones de beneficencia, o bien “ayudarlos a volver a casa”. La normativa tendría que haber entrado en vigor en octubre, pero ha estado encallada en los tribunales hasta mediados de julio, cuando recibió la luz verde definitiva.
De momento, la policía no ha recibido ninguna solicitud, y desde Stadsmission aseguran que probablemente los afectados –se calcula que hay entre 30 y 50 personas limosneando en las calles de la ciudad– no son conscientes de esta nueva ordenanza, aunque el consistorio afirma que ha hecho llegar folletos informativos a las organizaciones sociales, las tiendas y centros comerciales y los guardas de seguridad.
“Ellos (los mendigos) no saben qué está pasando, probablemente no lo entienden. Muchos son analfabetos, no conocen ningún otro idioma que el suyo, es muy difícil comunicarse con ellos”, relata a SVT Tomas Lindroos, director de Stadsmission en Eskilstuna, que critica que la creación de un permiso implica la aceptación y legitimación de la mendicidad y que supondrá un aumento de la vulnerabilidad de este grupo, mayoritariamente gitanos.
Según la organización, se exponen a ser explotados por personas que pretendan ganar dinero a través de préstamos para pagar las licencias, a la vez que las mujeres pueden ser obligadas a prostituirse si no se les permite mendigar.
Pese a que la de Eskilstuna es la primera ordenanza de estas características, no es la primera vez que el debate sobre la mendicidad llena páginas en los diarios en Suecia. En el 2015, el Gobierno llegó a plantear una ley a nivel nacional para prohibir la limosna, poniendo el foco en quienes se aprovechan de los indigentes, replicando el denominado modelo sueco de lucha contra la prostitución, que sanciona a quienes pagan por sexo.
Finalmente se descartó, aunque desde entonces han emergido propuestas a nivel local. El primer municipio que aprobó una normativa para prohibir mendigar en las calles fue Vellinge, que engloba diversas localidades costeras de alto nivel económico situadas a pocos kilómetros al sur de Malmö. Alegó que los mendicantes suponen una alteración del orden público porque orinan y acumulan basura en las puertas de los comercios, causando molestias a los clientes.
En este caso, también tras varios meses de periplos judiciales, el máximo tribunal administrativo de Suecia dio su beneplácito al consistorio en diciembre del año pasado, creando así jurisprudencia y abriendo la puerta a que otros ayuntamientos apliquen normativas semejantes.