Los senadores tratan el proyecto del Gobierno ya aprobado en general por la Cámara baja. El «poroteo» le da bien al oficialismo, pero un artículo puede echar por la borda las expectativas libertarias.

Presupuesto Nacional de la era libertaria. Hasta el momento, Javier Milei lleva adelante una gestión con las cuentas nacionales aprobadas por el Congreso para 2023 y prorrogadas durante dos periodos consecutivos, algo inédito en la historia democrática argentina.

Ahora, tras su tratamiento en Diputados, donde fue aprobado en general con el voto del bloque de La Libertad Avanza (LLA) y aliados, el proyecto del Poder Ejecutivo será debatido este viernes desde el mediodía en la Cámara de Senadores

Según se estima, el Gobierno tiene asegurada la sanción en general al contar con el respaldo de senadores propios, además de los del PRO, de la Unión Cívica Radical (UCR), de bloques provinciales y hasta de cuatro peronistas cuyas provincias de origen últimamente vienen siendo beneficiadas con abultados giros desde Buenos Aires. En tanto, también es seguro que el bloque justicialista, conducido por José Mayans, votará en contra.

Sin embargo, lo antedicho está en suspenso a partir de un nuevo imponderable que debe afrontar el Gobierno: aliados del oficialismo, que en principio están dispuestos a votar a favor del proyecto, descubrieron que el artículo 30 encierra otro brutal ajuste en educación y ciencia.

En efecto, deroga disposiciones de la Ley de Educación que fijan una inversión mínima del 6% del PBI, elimina el sendero de incremento del financiamiento científico hasta el 1% del PBI en 2032 y suprime el 0,2% destinado a escuelas técnicas.

Un recorte que encendió alertas entre senadores de la UCR, encabezados por el correntino Eduardo Vischi, y de los integrantes del bloque Convicción Federal, liderados por el puntano Fernando Salino, que respaldan el proyecto en general pero ya anticiparon su rechazo al polémico artículo.

El 30 ya fue aprobado en Diputados, pero esos senadores quieren rechazarlo o eventualmente modificarlo; de ocurrir así, el Presupuesto deberá volver a Diputados y tratarse allí entre el 29 y 30 de diciembre, a más tardar el 5 de enero, lo que fácticamente resulta casi imposible.

Como se sabe, la legislación vigente ordena que el Presupuesto debe sancionarse en el año previo a su ejecución, lo que suma más ansiedad entre sus impulsores: Javier Milei, en primer lugar, y su ministro Luis Caputo, en segundo.

Es que, mediante la aprobación de la norma, el Gobierno logra autorización para tomar nueva deuda que le permita hacer frente a próximos y millonarios vencimientos, de manera de enviar señalares de previsibilidad a los organismos internacionales y al mercado. Caso contrario, un escenario de default asoma a la vuelta de la esquina.