Tras la media sanción de la Ley “Hojarasca”, el oficialismo y el PRO presentaron un proyecto para eliminar la normativa de alimentación saludable. Argumentan que el sistema actual confunde al consumidor, encarece costos y traba el comercio con el Mercosur.
El Gobierno de Javier Milei busca avanzar con cambios profundos en la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable.
Mientras el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, ultima un proyecto propio, los diputados Daiana Fernández Molero (PRO) y Alejandro Bongiovanni (LLA) ya formalizaron un pedido de derogación total en el Congreso.
En medio de las versiones, el jefe de Gabinete Manuel Adorni confirmó que la iniciativa será enviada al Congreso la próxima semana, junto con otras tres iniciativas: ley de ludopaía, súper Rigi y ley de lobby.
Un sistema bajo cuestionamiento
Los legisladores sostienen que la normativa vigente, sancionada en 2021, genera una «distorsión de la información».
El principal argumento es que el cálculo de nutrientes críticos se basa en la proporción de calorías totales (según parámetros de la OPS) y no en valores absolutos.
Este método provocó que, para 2023, el 85% de los productos en las góndolas argentinas contara con al menos un sello negro.
“Si todo tiene octógono, el sello no significa nada”, sentenció Bongiovanni a La Nación.
El conflicto con el Mercosur
Otro punto crítico es la falta de armonización regional. Mientras Argentina utiliza el criterio de la OPS, socios como Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile emplean valores absolutos por cada 100 gramos o mililitros.
Según los autores del proyecto, esta asimetría encarece la producción y dificulta las exportaciones, afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
Publicidad y restricciones actuales
La ley actual no solo regula los envases; también prohíbe la publicidad infantil (dibujos animados o regalos) en productos con sellos y limita su venta en escuelas.
La propuesta oficialista busca delegar en organismos técnicos la creación de un nuevo sistema que sea «homologable» con el resto del Mercosur para unificar criterios nutricionales.