En el partido de Boca y Central Córdoba de Santiago del Estero se halló a un infractor.

Más de 30 deudores alimentarios morosos fueron detectados en recitales y estadios de fútbol de la Ciudad de Buenos Aires durante los 48 controles que llevó a cabo el gobierno porteño, al tiempo que se les impidió a todos los implicados acceder a estos espectáculos.

El domingo se halló a un deudor en el encuentro que disputaron Boca y Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera, por lo que la cifra ascendió a 31 (16 de la provincia de Buenos Aires, seis de Capital Federal, cuatro de Neuquén, tres de Salta, uno de Córdoba y otro de Entre Ríos).

Los dispositivos de control comenzaron a implementarse en marzo y también se aplicó durante el partido que Los Pumas jugaron ante los All Blacks en el estadio José Amalfitani de Liniers y en los conciertos que ofrecieron Lali Espósito en Vélez, Don Osvaldo en All Boys y Los Piojos en el Monumental.

“Actualmente, cerca de 3.000 personas están registradas en el RDAM de Buenos Aires, dentro de un total de más de 11.500 deudores a nivel nacional”, según revelaron fuentes consultadas, que remarcaron que la información se intercambia con datos de 13 provincias, sin importar la jurisdicción donde se haya dictaminado la medida judicial contra el implicado.

El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, afirmó que en la Ciudad “se busca dejar en claro que las obligaciones se cumplen sin excepción”.

Aquellas personas que incurran en el incumplimiento de sus deberes alimentarios no pueden obtener tarjetas de crédito, abrir cuentas corrientes ni acceder a créditos en el Banco Ciudad; no tienen permitido recibir adjudicaciones de viviendas sociales del Gobierno de la Ciudad o convenidas con Nación; se les impide postularse a cargos electivos en el territorio porteño; no pueden ser inscriptos en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines adoptivos y podrían ser excluidos del ingreso a eventos culturales pagos con más de 5.000 asistentes.

Otras de las medidas se vinculan con la imposibilidad de concretar la transferencia de la titularidad de negocios, actividades, industrias o locales habilitados sin certificado del Registro y regularización previa de la deuda; tienen prohibidos ser matriculados en colegios profesionales y no pueden participar de concursos ni ser designados como magistrado o funcionario judicial.

Además, los escribanos tienen el deber de dar aviso a las autoridades sobre cualquier acto de disposición de bienes registrables en el que intervenga una persona inscripta.

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Portada  |   hace unos 32 minutos

Un caso que sucede cada un millón: nacieron trigemelas en Salta

Se trató de un parto prematuro debido a que la gestación fue de 34 semanas.

Un hecho inédito ocurrió luego de que nacieran trigemelas en un hospital de la provincia de Salta, una situación que sucede cada un millón de casos.

Es un acontecimiento excepcional ya que las bebas compartían placenta en un embarazo denominado monocorial triamnótico.

Ainara pesó 1.640 gramos, la segunda en nacer fue Amira con 1.560 gramos (la más pequeña) y Ámbar con 1.780, al tiempo que las hermanas se encuentras internadas en el área de Neonatología debido a que se trató de un parto prematuro y con cesárea programada ya que la gestación fue de 34 semanas.

Nancy -la madre- y sus hijas están en buen estado de salud. La mujer recibió atención de ginecólogos y obstetras en el transcurso del embarazo, que fue el segundo registrado de estas características en 2025 en la provincia.

Además, durante el primer semestre hubo 54 nacimientos de gemelos en el Hospital Materno Público Materno Infantil de Salta.

NA

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Portada  |   hace unos 32 minutos

Makintach denunció al Ministerio Público de San Isidro por “manipulación de prueba” en el caso del documental

“Plantaron un video”, dijo el defensor Darío Saldaño.

La defensa de Julieta Makintach denunció a los miembros del Ministerio Público del Departamento Judicial de San Isidro por la presunta manipulación de pruebas a raíz del documental “Justicia Divina” basado en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

De acuerdo al escrito que el abogado Darío Saldaño le envió a la agencia Noticias Argentinas, se solicitó la investigación de “quienes resulten responsables como autores, participes o instigadores, por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica de instrumento público, abuso de autoridad, ) y ocultamiento y eventual inutilización de medios de prueba” en la causa penal contra la magistrada.

El letrado, que presentó el descargo ante el procurador general de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, sostiene que la secretaria de la Defensoría de Juicio ante los Juzgados Correccionales del Departamento Judicial de San Isidro, Marina Rodríguez, “confeccionó un documento con apariencia de acta judicial” acerca del tráiler del proyecto audiovisual basado en el debate técnico por el fallecimiento del astro argentino.

“No se consigna marca, modelo, imei NSE, número de abonado, ningún dato acerca del supuesto teléfono celular en el que se alojaba el video, ni el número de origen desde el cual supuestamente se le reenvió el video, como así tampoco la hora y duración del mismo y conversaciones previas y posteriores”, agrega el defensor de Makintach.

En este sentido, recrimina que el texto “no cumple con las formalidades esenciales de un acta procesal” y “carece de la identificación de los funcionarios actuantes, lugar preciso, consignación objetiva de circunstancias, firmas completas y testigos hábiles”.

“El material audiovisual fue incorporado en infracción al artículo 265 bis Código Penal bonaerense, que exige preservación de cadena de custodia, registro técnico y disponibilidad inmediata para las partes”, cuestiona Saldaño.

Rodríguez tampoco fue citada a declarar, una situación que “privó a las partes de control de legalidad”, mientras que prestó testimonio a Pereyra, médica esteticista de Makintach.

La mujer negó conocer a Rodríguez y dijo que no le envió el material fílmico a ninguna persona, “por lo que la extracción del video, resulta ilegal y la posible comisión de delitos de acción publica en el manejo de la prueba amerita la presente denuncia”, alude la denuncia.

Según el abogado, la causa penal contra la magistrada fue “armada” porque “se manipuló la evidencia” y “se ocultó información a las partes”: “Hacen presumir una actividad delictiva e ilegal en perjuicio de quien esta sujeto a investigación”

A su vez, ofreció como testigos a la ex titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº2 de San Isidro y a los abogados Nicolás Corleto, Diego Guerendiain, Alfredo Soárez Gache y Diego Urrutia.

En el caso de la jueza (que es investigada en el jury de enjuiciamiento) menciona que podría aportar conversaciones vía WhatsApp que mantuvo con Pereyra a fin de esclarecer los hechos.

“Plantaron un video y manipularon pruebas”, manifestó Saldaño en diálogo con NA.

NA

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Portada  |  22 septiembre 2025

Un camión con carne volcó en Mendoza y la gente intentó llevarse las medias reses

La Policía desplegó un operativo para resguardar la escena y evitar que los habitantes intenten sustraer la carne.

Un camión que transportaba carne chocó con un vehículo utilitario y volcó en la ciudad mendocina de Guaymallén.

El conductor del rodado de menor porte pinchó una rueda e impactó con el transporte de carga que circulaba en la misma dirección, conforme a la información del portal del diario Los Andes.

El camionero perdió el control, destruyó el guardarraíl, cayó sobre la calle Cañadita Alegre y de milagro no hubo víctimas fatales ni heridos.

Las medias reses se esparcieron sobre el pavimento, motivo por el que la Policía desplegó un operativo para resguardar la escena y evitar que los habitantes intenten sustraer la carne.

Las autoridades efectuaron un corte total del tránsito en el Acceso Este y personal de Defensa Civil se encargó de retirar los restos de comida.

El chofer del camión resultó herido con politraumatismos y la situación se normalizó.

Fuente: NA.

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Portada  |  22 septiembre 2025

Caso Diego Fernández Lima: la fiscalía reiteró el pedido de indagar por encubrimiento a Cristian Graf

El fiscal insistió en que, luego del hallazgo de los restos óseos, el sospechoso «llevó a cabo una serie de maniobras unívocas» para encubrir el hecho.

El fiscal Martín López Perrando, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61, solicitó nuevamente que se indague por los delitos de «encubrimiento agravado» y «supresión de evidencia» a Cristian Graf, el excompañero de escuela de Diego Fernández Lima, el adolescente desaparecido en 1984 y cuyos huesos se hallaron 40 años más tarde en la vivienda familiar del sospechoso en Coghlan.

López Perrando destacó que «el delito encubierto es el homicidio de Diego Fernández» y que, si bien aún «no es posible atribuir autoría determinada, sí resulta claro que el homicidio ocurrió en el interior de la finca donde se encontraron los restos».

Desde el portal Fiscales detallaron que la nueva presentación se dio luego de que, en agosto pasado, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal N°56, Alejandro Litvack, pidiera a la fiscalía que reformulara su imputación por considerar que, si bien el dictamen fiscal detallaba la prueba recolectada en la investigación y las acciones desplegadas por el sospechoso, no se había efectuado una concreta imputación para citar al excompañero de la víctima.

De este modo, el fiscal insistió en que luego del hallazgo de los restos óseos del menor, el sospechoso «llevó a cabo una serie de maniobras unívocas destinadas a encubrir el hecho precedente».

Entre ellas destacó la «generación de explicaciones inverosímiles como la existencia de una iglesia o un establo o que los huesos habían llegado en un camión con tierra cuando hicieron la pileta; la conducta contradictoria y evasiva frente a testigos y autoridades para desviar la investigación; la pasividad ante el hallazgo y la incipiente investigación».

Para el representante del Ministerio Público Fiscal, Graf realizó manifestaciones públicas, las cuales «resultan no solo absolutamente inverosímiles y pueriles, sino que denotan y remiten a un claro conocimiento previo de la existencia de los restos óseos en el lugar, así como una intención deliberada de desviar la atención generando hipótesis falsas que relativizaran o confundieran su hallazgo».

En este sentido, sostiene que el acusado no pudo ser «ajeno a la existencia de la sepultura en el jardín de la vivienda en que habitaba al momento del homicidio de Diego Fernández Lima y que habita aún hoy».

Luego del pedido de indagatoria a Graf, Perrando también mencionó acerca de las medidas de pruebas solicitadas por los abogados Hugo Wortman Jofré y Tomás Brady de la querella que representa a Javier Fernández Lima, hermano de la víctima.

En tal sentido, opinó que, de acuerdo al informe del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), no resultaba conducente utilizar la «técnica de Georradar» a fin de dar con los restos óseos faltantes y elementos no biológicos de la víctima.

Sin embargo, sí consideró que debía proveerse la solicitud de oficiar a distintos canales de televisión para que remitan las grabaciones de un programa donde habrían asistido alumnos de la ENET N°36.

A pesar de que la causa está prescripta, el fiscal insiste en darle respuesta a los familiares del adolescente después de décadas de incertidumbre.

Fuente: NA.