Decenas de mujeres son buscadas en las provincias
Casos resonantes como los de las jóvenes “Marita” Verón en Tucumán, Fernanda Aguirre en Entre Ríos, María Cash en Salta o la niña Sofía Herrera en Tierra del Fuego siguen latentes como grandes incógnitas y la expectativa de conocer su paradero.
Decenas de mujeres llevan más de una década desaparecidas en distintas provincias donde la justicia mantiene activa su búsqueda hasta hoy con apoyo de sus familias que siguen preguntándose por qué los acusados por estos secuestros vinculados a la trata de personas nunca revelaron datos que ayuden a encontrarlas.
Mario Anscieviu, tío de Fernanda Aguirre, aseguró a Télam en Paraná que en la familia “seguimos con la esperanza de tenerla entre nosotros algún día”.
La adolescente Fernanda Aguirre, de 13 años, fue secuestrada el 25 de julio de 2004 cuando caminaba hacia su casa desde el puesto de venta de flores que la familia tiene frente al cementerio de San Benito, a 10 kilómetros de Paraná.
Días después, la policía detuvo a Miguel Angel Lencina, quien gozaba de salidas laborales de la cárcel donde purgaba condena por el asesinato de una mujer, como sospechoso de secuestro extorsivo junto a su pareja.
Poco después, Lencina apareció ahorcado en la celda de la comisaría y Mirta Chávez, su viuda, fue condenada en 2007 a 17 años de cárcel, acusada de haber sido quien se comunicó telefónicamente con la familia Aguirre para pedir un rescate y en juicio dijo desconocer qué había hecho su marido con la chica, ante la posibilidad que la hubiera entregado a una red de trata.
En marzo de 2019, la Justicia citó a Fernanda Aguirre a declarar “para estar a derecho”, en una formalidad del juicio que inició su padre, Julio Domingo Aguirre, con el fin de proteger sus bienes y derechos.
En diálogo con Télam, su tío pidió que siga la búsqueda “como en el principio, para que María Inés (Cabrol, la madre de Fernanda) descanse en paz”.
“Ninguna madre merece esto”, agregó y afirmó que “debe seguir la búsqueda para que no haya otra Fernanda”.
María Cash
Un caso paradigmático es el de la diseñadora porteña María Cash, quien había salido de Retiro con destino a Jujuy, y fue vista por última vez en Salta, el 8 de julio del 2011 cuando fue captada por las cámaras de seguridad de la empresa concesionaria de la autopista, en el peaje de acceso a la ciudad.
La causa judicial por la desaparición de la joven está a cargo del juez federal Miguel Medina. El último rastrillaje de búsqueda de la joven fue en noviembre, en una zona de monte del paraje salteño Palomitas, pero hasta hoy no existen rastros de la mujer.
Del operativo realizado en instalaciones rurales, participaron el Programa Nacional de Búsqueda de Personas, especialistas de Gendarmería Nacional, la Policía Federal, la de Seguridad Aeroportuaria y Bomberos, además de perros rastreadores.
Sofía Yasmín Herrera, de tres años, desapareció en Tierra del Fuego el 28 de septiembre de 2008. Fue vista por última vez en el camping John Goodall, a 59 kilómetros de la ciudad de Río Grande, al que había ido con su familia. Allí, la niña se separó por unos instantes de sus padres y desde entonces nadie volvió a verla y los investigadores siguieron varias líneas como el supuesto secuestro para llevarla a Chile u otra provincia.
El juez Daniel Cesari Hernández ordenó el lunes la cuarta actualización de su imagen e impulsó una revisión completa de las actuaciones.
La causa judicial tuvo cinco jueces y un solo imputado: el cuidador del camping, Alberto Urrutia, un jubilado oriundo de Entre Ríos, al que sobreseyeron.
El caso de Florencia Pennachi, una nequina de 25 años que estudiaba en Buenos Aires, se conoció el 16 de marzo de 2005 cuando salió de su departamento, en Barrio Norte a despedir a unas amigas y nunca más se supo de ella.
La fiscal federal Cristina Beute informó a Télam que “Neuquén es un lugar de destino de trata, más que de captación y eso explica que no tengamos tantos casos de mujeres desaparecidas en la provincia. Acá hay prostíbulos donde se explota a las mujeres que son captadas en otros lugares”.
En Mendoza, Gisela Gutiérrez, 24, desapareció la noche del 19 de julio del 2015 cuando fue a visitar a su hermana en el barrio La Favorita. La joven había denunciado que días antes fue raptada y violada por cinco personas, entre ellos Marcos Aguilera, su expareja y padre de dos de sus tres hijos. La justicia intervino pero no hubo resoluciones.
El abogado Fernando Peñaloza llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y criticó que “a pesar de que Gutiérrez había denunciado ser víctima de trata de personas, la Justicia Federal no activó los mecanismos de protección física y ella fue desaparecida”.
En Santa Fe, el caso de Natalia Acosta, de 25 años, sigue bajo investigación desde que fue vista por última vez en la madrugada del 29 de mayo de 2009 en la esquina de Suipacha y 25 de Mayo, del centro de la ciudad. La causa fue caratulada en primer término como “averiguación de paradero” y en 2016 pasó a la Justicia Federal al ser considerada como “trata de personas”.
En el 2017 fue detenido Osvaldo Cerri, quien trabajaba en un cabaret cercano.
Cerri murió en la cárcel de Coronda por una dolencia coronaria y admitió que llevó a la mujer hasta el local pero negó haber participado en su desaparición.
María Cristina, madre de la joven, dijo que Cerri “no se quiso operar el corazón por cagón; prefirió morirse porque sabía que si él hablaba se destapaba la olla y salpicaría a mucha gente poderosa”.
En Chaco, Maira Benítez (18) fue vista por última vez el 17 de diciembre 2016 en Villa Ángela. La Cámara del Crimen local condenó a Rodrigo Silva a 21 años de prisión por homicidio simple y si bien en agosto de 2019 hallaron restos óseos en una zona rural cercana a donde vivía la joven la Justicia hizo un cotejo de ADN pero no pudo probar si correspondían a la desaparecida.
En Córdoba, organizaciones de derechos humanos, sociales y partidos políticos mantienen los reclamos por la aparición de Jimena Arias, Marisol Rearte, Luz Oliva, Silvia Gallardo, Delia Polijo, Facundo Alegre y Yamila Cuello, quienes llevan entre 5 y 12 años desaparecidas en circunstancias vinculadas con la trata de personas.