La orden firmada por el Jefe de Policía, Crio Gral Molina, indica que los estudios deberán realizarlo profesionales ajenos a la institución y que los mismo serán evaluados por una junta médica de la Policía.
En un contexto en el que se conocieron varios hechos de extrema violencia y excesos cometidos por agentes de la Policía de Corrientes en los últimos meses (femicidio, asesinato, abuso sexual, robos, apremios ilegales) el Jefe de la institución ha ordenado en las últimas semanas una serie de medidas tendientes a evaluar la salud mental del personal. En principio esto apuntó a los agentes en condición de recibir un ascenso próximo, pero desde ayer esto se extendió a todo el personal.
Según el Memorandum N°334/24 del Jefe de Policía, firmado y publicado ayer por el Comisario General Dr. Alberto Arnaldo Molina, todos los agentes activos deberán presentar en un lapso máximo de 45 días un electroencefalograma con mapeo cerebral, extendido por un psiquiatra, y un Informe Psicodiagnóstico, extendido por un psicólogo. Ninguno de los profesionales que realicen los estudios deben estar relacionados a la institución.
El objetivo, según indica el texto del Memorandum, es evaluar en los agentes sus procesos cognitivos, recursos defensivos actuales, control de impulsos, manejo de estrés y obetener un diagnostico psicopatológico si los tuviere el personal evaluado.
La disposición no tomó tanto de sorpresa a los efectivos. Desde hace más de una semana las versiones indicaban sobre la posibilidad de esta clase de exámenes. Pero como contrapartida representa una erogación de dinero extra que debe correr por cuenta privada.
Los antecedentes más cercanos vinculados a proceder deficiente, irregular o delictivo de parte de uniformados son muchos y causaron alarma evidente, tanto en la propia Policía como en la población en general.
El mes pasado, el oficial David Medina asesinó a tiros al hijo de la fuerza de seguridad, Alfredo Molina, en una casa de la localidad de San Cosme donde lo halló en compañía de su exnovia. Tanto la víctima como victimario eran conocidos y compañeros de trabajo.
Durante la balacera, Bárbara Romero, también oficial, resultó gravemente herida y continúa internada.
Es un antecedente severo, como lo fue el acto de abuso sexual y torturas en perjuicio de un suboficial cometido por otros dos miembros de la Policía en un destacamento de la localidad de Juan Pujol. Ese hecho llevó a la detención, separación de la fuerza e imputación penal de los acusados.
Un caso más en la lista de hechos alarmantes tiene que ver con la denuncia de apremios en contra de un sexagenario que salía de trabajar y circulaba en moto en el capitalino barrio Sapucay.
La víctima fue demorada a cachetazos, nada menos que por un oficial, luego sujetado del cuello y esposado aún cuando no existía causa delictiva probable, sino un simple percance de tránsito. «Te vamos a dejar ir; acá no pasó nada», denunció que le dijeron al hombre mientras lo mantenían privado de la libertad en la Comisaría Décima.
A esto se suman las denuncias de dos mujeres, madre e hija, demoradas por policías en Capital bajo «sospechas» de un delito no constatado. Ambas, dijeron, fueron esposadas y presuntamente golpeadas en sede de la Dirección Metropolitana.