El Estado provincial, producto de un programa creado por la Secretaría de Derechos Humanos, abonará una suma mensual equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil a hijos de quienes presuntamente hayan sido víctimas de violencia institucional, es decir de intervenciones arbitrarias e ilegítimas de miembros de fuerzas policiales. El monto máximo rondaría los $132.000.
“Este programa va a beneficiar a niños, niñas y adolescentes o hijos de personas que hayan sido víctimas de violaciones a Derechos Humanos de parte de fuerzas del Estado, de seguridad, policial o servicio penitenciario”, detalló Darío Gómez, miembro de la Comisión para la Prevención de la Tortura.
Según señala el Decreto , la «reparación» económica será inembargable y será retroactiva al momento de cometerse el delito, aunque el mismo se hubiera cometido con anterioridad a este nuevo instrumento.
El «Programa de Reparación Económica a familiares de víctimas de violencia institucional» tiene como objeto brindar asistencia económica transitoria a los hijos de personas «víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas bajo custodia de los miembros de las fuerzas policiales, de seguridad y/o penitenciarias de la Provincia del Chaco que hayan ocurrido dentro del territorio de la provincia».
Detalla también el Decreto que cuando los destinatarios de la prestación sean personas menores de 18 años o personas con discapacidad, esta debe ser percibida por la persona que se encuentre a su cuidado.
Insiste el documento en señalar que los destinatarios serán los hijos menores de 18 años e hijos con discapacidad, de cualquier edad, de «presuntas» víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por los miembros de la Policía de la Provincia del Chaco o del Servicio Penitenciario Provincial. Esto pone en evidencia que se podrá acceder al monto mensual, independientemente el estado en que esté la denuncia que cualquier persona haya realizado contra algún miembro de las fuerzas mencionadas.
Darío Gómez, miembro de la Comisión para la Prevención de la Tortura, dialogó con Chaco TV sobre este decreto que está orientado a aquellos hijos e hijas (no mayores a 25 años) de víctimas de violencia institucional, los cuales van a recibir a partir de ahora una reparación económica mucho más ágil que el sistema actual. “Vemos con mucho agrado y muy buenos ojos desde el comité que se haya recepcionado esta inquietud. Tiene que ver con un reclamo de mucho tiempo”, expresó.
En ese sentido, comentó que fue “algo tratado en varias ocasiones por la mesa interinstitucional de violencia institucional”, el cual estaba integrado por diversos organismos, además del Poder Ejecutivo, la presencia de ministros, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, y la asistencia del gobernador de la provincia. Asimismo, también participan los familiares de las víctimas de muertes extrajudiciales o violencia institucional.
“Este programa va a beneficiar a niños, niñas y adolescentes o hijos de personas que hayan sido víctimas de violaciones a Derechos Humanos de parte de fuerzas del Estado, de seguridad, policial o servicio penitenciario”, detalló. “Es una forma de reparación mucho más ágil que la que hoy se venía haciendo con una acción judicial y llevaba mucho tiempo. Este decreto viene a subsanar esa dificultad y actúa de manera inmediata. Es una reparación económica similar a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad”, concluyó.