La Cancillería rechazó la medida y el Ejecutivo asegura que tomará los recaudos necesarios. El Gobierno mantiene desde febrero un esquema especial de seguridad por la guerra en Medio Oriente.
El Gobierno no prevé por ahora reforzar las custodias de los jefes militares después de que Irán declarara organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas. En la cúpula militar interpretan la decisión de Teherán como una represalia principalmente política y consideran que no representa, por sí sola, una amenaza operativa concreta. La Cancillería rechazó formalmente la declaración y la calificó como una acusación inadmisible, mientras que en la Casa Rosada aseguran que se tomarán “todos los recaudos necesarios” para garantizar la seguridad de las autoridades involucradas.
La evaluación que transmiten sectores del Ejecutivo es que el anuncio iraní tiene un carácter más posicional que amenazante. En la conducción militar sostienen que la declaración no generó una preocupación significativa y explican que no existe un procedimiento protocolar específico que obligue a modificar las custodias ante una designación de este tipo. La interpretación oficial es que Irán busca responder a las sanciones que la Argentina impulsó contra la Guardia Revolucionaria, sin que hasta el momento se haya identificado una amenaza concreta contra los mandos militares.
En el Gobierno aseguran que no tienen previstas medidas extraordinarias para incrementar la protección de las autoridades de las fuerzas. Las consultas también alcanzaron a las precauciones que podrían adoptarse durante viajes oficiales al exterior, pero no surgieron confirmaciones de nuevos dispositivos de seguridad. En el Ejecutivo evitan revelar detalles de protección y sostienen que cualquier decisión preventiva dependerá de las evaluaciones de los organismos competentes.
La decisión se produce mientras la Argentina mantiene un nivel elevado de alerta de seguridad desde el comienzo de la guerra en Medio Oriente. El 28 de febrero, la Oficina del Presidente dispuso incrementar la vigilancia sobre objetivos sensibles, infraestructura crítica, espacios de la comunidad judía y representaciones diplomáticas extranjeras. También activó un protocolo especial de control fronterizo. En abril, la Casa Rosada confirmó que ese esquema permanecería vigente hasta que existiera una solución estable al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.
El dispositivo contempla la coordinación de los organismos de inteligencia, la Dirección Nacional de Migraciones y las fuerzas federales de seguridad. Entre sus principales objetivos figuran reforzar los controles de ingreso y egreso del país, detectar movimientos sospechosos y sostener el intercambio preventivo de información con agencias de países aliados. La declaración iraní se incorpora así a un escenario de vigilancia reforzada que ya estaba vigente, aunque no se informó una modificación adicional de ese esquema como consecuencia del anuncio de Teherán.
La respuesta institucional llegó a través de la Cancillería, que rechazó categóricamente la declaración iraní contra la Armada y la Fuerza Aérea. En un comunicado oficial difundido este miércoles, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que la medida carece de fundamento y constituye una acusación inadmisible contra instituciones legítimamente constituidas, subordinadas a la Constitución Nacional y dedicadas a la defensa de la soberanía. El texto destacó que ambas fuerzas desarrollan sus funciones de acuerdo con las leyes argentinas, el derecho internacional y los tratados vigentes.
