Nacidos al calor del narcotráfico colombiano de los años noventa, los préstamos «gota a gota» representan un win-win para las bandas criminales que se instalan en los barrios populares: aumentan su patrimonio mediante la usura y, a la vez, se desprenden de enormes cantidades de dinero en efectivo proveniente del delito y el narcomenudeo.
“Vas a entender que acá no se jode. Ninguno de los salames que fueron hasta ahora tienen el peso que tengo yo. Tu préstamo te va a salir más caro que toda tu vida”. La frase, escalofriante, sale de boca de un prestamista ilegal que operaba en el conurbano bonaerense, principalmente en Moreno, Caseros, El Palomar, Ituzaingó y General Rodríguez. La víctima se animó denunciarlo ante las autoridades, que tras meses de investigación lograron determinar que, quien hablaba, lideraba un red delictiva que otorgaba créditos informales con tasas que superaban el 100% mensual. La violenta modalidad se llama “préstamo gota a gota”.
La Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro detuvo a la banda en una operación que incluyó once allanamientos simultáneos ordenados por la fiscal Paula Hertrig, de la UFI de Boulogne. La acusación: asociación ilícita, usura, extorsión y amenazas. La víctima —de identidad reservada— había pedido $250.000 para comprar alimentos y útiles escolares para su hijo menor.
Situaciones como la de esa persona se multiplican en los barrios populares de la provincia de Buenos Aires, como en la Ciudad de Buenos Aires y también existen casos registrados en Rosario, Salta y Mar del Plata. La operatoria es calcada siempre. Se presta dinero sin ningún tipo de aval respaldatorio y se acuerda un plan de pago que puede ser mensual, semanal o incluso diario: gota a gota. Al acordar la devolución del dinero en plazos tan cortos, el deudor no siempre toma noción del porcentaje de interés que le van a cobrar. Es parte del engaño.
Estas redes de prestamistas ilegales suelen estar vinculadas, aunque no siempre la Justicia logre probarlo, con el negocio del narcomenudeo. Y son muchas las veces en que, el verdadero negocio, no es cobrar la deuda, sino quedarse con los bienes del deudor, a la fuerza.
Motos, autos, electrodomésticos e incluso la propia vivienda, son confiscados mediante amenazas y amedrentamientos a quienes no logran estar al día con los pagos. De esta manera, un préstamos de apenas 200 o 300 mil pesos se puede transformar en un vehículo o una casa que los delincuentes terminan convirtiendo en un nuevo búnker para el expendio de más drogas.
Pero, a diferencia de años anteriores, en que un usurero operaba exclusivamente “de boca en boca”, los prestamistas ilegales actuales sumaron el anzuelo de las redes sociales. Abren perfiles en redes sociales simulando ser financieras legítimas —con nombres como “Planes Cred”— y posteos que apelan a la esperanza y al esfuerzo: “¿Querés progresar pero nadie te apoya?” o “Cada emprendimiento empieza con un sueño, pero necesita apoyo para crecer. En Planes Cred confiamos en vos y en tu esfuerzo”. Masifican su alcance.
“Gota a gota”: el ministro de Seguridad bonaerense advirtió que “se duplicaron los tiros en las piernas”
Los niveles de violencia también cambiaron. Lo que antes podía ser “un apriete”, un golpe de puño en el rostro y algunos empujones, hoy son amenazas muy explícitas y un nivel de brutalidad que llega al daño mediante armas de fuego. No es casual que, la semana pasada, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, lanzara un dato impactante: “Se duplicaron los tiros en las piernas”.
El funcionario, además, aclaró que este fenómeno no refleja una simple disputa de territorio o venganza entre narcotraficantes minoristas, sino que deriva de una actividad paralela en auge vinculada a la venta de drogas: la usura y los préstamos ilegales.
Los casos no son aislados. En 2025 (últimos datos cuantificados oficialmente), Argentina fue escenario de múltiples operativos policiales que desarticularon redes de prestamistas ilegales, especialmente las que operaban bajo la modalidad “gota a gota”. Estos operativos muestran que la problemática no es anecdótica, sino parte de un fenómeno que afecta a barrios populares del conurbano, de CABA y también se expande a otras provincias.
Nicolás Gonzales Perfil