No es la primera vez que se menciona la necesidad de reformar el sistema sanitario, y seguramente no será la última, pero el Gobierno nacional reconoció formalmente que estudia un cambio profundo y estructural en el Plan Médico Obligatorio (PMO), el corazón regulatorio del sistema sanitario argentino que determina qué prestaciones, tratamientos y medicamentos deben cubrir obligatoriamente las obras sociales y las empresas de medicina prepaga.
La definición fue oficializada por el superintendente de Servicios de Salud, Claudio Stivelman, quien confirmó que el Poder Ejecutivo ya analiza una actualización profunda del esquema actual, con el objetivo de establecer criterios más estrictos sobre qué tecnologías y terapias deben integrar efectivamente la canasta básica de salud.
La iniciativa se produce en un contexto de fuerte presión financiera sobre el sistema sanitario y en medio de una escalada inédita de litigios judiciales vinculados al acceso a medicamentos de alto costo y prestaciones especiales.
Un sistema tensionado por la expansión del PMO
El Programa Médico Obligatorio nació en los años noventa como un mecanismo destinado a garantizar un piso uniforme de prestaciones para todos los afiliados del sistema de salud. Sin embargo, con el paso de los años, se convirtió en una estructura cada vez más amplia y compleja.
La crisis de 2001 marcó un punto de inflexión: el entonces Programa Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE), concebido como una solución transitoria, terminó consolidándose como el esquema definitivo mediante sucesivas prórrogas y ampliaciones normativas.
Desde entonces, el PMO fue creciendo mediante leyes, resoluciones y decretos que incorporaron nuevas patologías, medicamentos, tratamientos y tecnologías, muchas veces sin una fuente concreta de financiamiento. Entre otras prestaciones, se sumaron coberturas integrales para:
- Obesidad mórbida
- Enfermedad celíaca
- Enfermedades poco frecuentes
- Terapias de alta complejidad
Según Stivelman, actualmente existen más de 100 normas que modificaron el PMO a lo largo de las últimas décadas. «Debemos cambiarlo, incluso hasta cambiarle el nombre», sostuvo el funcionario durante un desayuno de trabajo organizado por OSDEPYM, IIDOS (Instituto de Investigaciones de Obras Sociales) y FESAL (Fundación de Estudios para la Salud) para debatir la evolución del sistema PROMESA, el mecanismo de mediación prejudicial en salud.