La ministra de Seguridad pidió que Manuel Adorni presente una declaración jurada para explicar su patrimonio y abrió un nuevo frente de conflicto dentro del oficialismo. En la Casa Rosada aumenta la preocupación por el impacto político y judicial del caso.
La interna más delicada del Gobierno ya no gira alrededor de la inflación, el ajuste o las tensiones económicas. En las últimas semanas, el foco de conflicto dentro de La Libertad Avanza comenzó a desplazarse hacia las denuncias sobre el patrimonio de Manuel Adorni y la creciente presión interna para que explique el origen de distintos gastos personales y movimientos económicos.
La figura que decidió romper el silencio fue Patricia Bullrich, con el pedido de que Adorni presente una declaración jurada de manera adelantada. El requerimiento cayó como una bomba dentro de la Casa Rosada y terminó abriendo una disputa directa con Karina Milei, principal sostén político del funcionario cuestionado.
En el entorno presidencial interpretaron el movimiento como algo más que un gesto de transparencia. Para el núcleo duro libertario, Bullrich decidió avanzar sobre uno de los dirigentes más protegidos por Karina Milei en un momento especialmente sensible para el Gobierno.
La preocupación alrededor de Adorni dejó de ser exclusivamente judicial. En el oficialismo admiten que el tema comenzó a generar desgaste político en sectores clave del electorado libertario, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, donde el funcionario construyó buena parte de su instalación pública.
Por ahora, Adorni evita realizar explicaciones públicas detalladas sobre su patrimonio. Cerca del funcionario aseguran que sus abogados y contadores trabajan en la reconstrucción completa de gastos y movimientos económicos antes de presentar la documentación formal.