La Cámara de Diputados aprobó un cambio sustancial en el fuero del trabajo que establece la obligatoriedad de aplicar precedentes del máximo tribunal. La medida también dispone la transferencia de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires.
La reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados, a la espera del tratamiento en el Senado, incorpora un cambio sustancial en el funcionamiento del fuero del trabajo: los jueces deberán aplicar de manera obligatoria los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y podrán ser removidos por mal desempeño si se apartan de ellos sin fundamento.
La disposición está contenida en el artículo 89 del proyecto, que sustituye el artículo 124 de la Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo N° 18.345. Hasta ahora, los fallos del máximo tribunal eran aplicados «caso por caso» y en forma «difusa», según fuentes judiciales. Un abogado laboralista explicó que «antes sus fallos eran de una obligatoriedad relativa, más bien indicativa».
El nuevo texto se complementa con el artículo 90, que establece que «los jueces que resuelvan causas de índole laboral deberán, de forma obligatoria, adecuar sus decisiones a los precedentes establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia». Además, advierte que «el apartamiento infundado de los magistrados respecto de dichos criterios configurará una causal de mal desempeño en sus funciones».
Desde el Gobierno sostienen que la medida apunta a reducir la denominada «industria del juicio» y a otorgar mayor previsibilidad en materia laboral. La iniciativa fue impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El proyecto también aprueba, a través del artículo 91, el Acuerdo de Transferencia de la función judicial en materia laboral firmado entre la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encabezada por Jorge Macri.
Previamente, la Legislatura porteña sancionó la Ley 6.789, que reestructura la justicia laboral local, y la Ley 6.790, que establece un nuevo Código Procesal para el fuero del trabajo. Con estas normas se creó una Cámara de Apelaciones del Trabajo con seis jueces y diez juzgados de primera instancia.
El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, señaló que el proyecto «dispone por ley la obligatoriedad de respetar los fallos de la Corte Suprema». «En teoría, no se deberían poner por ley porque en la estructura del poder judicial los fallos de la Corte sientan postura que deberían seguir los órganos inferiores pero en la práctica algunos no lo cumplen y es necesario», afirmó. «Ahora los jueces del Trabajo tienen la obligatoriedad de hacerlo; caso contrario podría haber causal de remoción», agregó.
La transferencia del fuero laboral también impactará en el Consejo de la Magistratura de la Nación, organismo encargado de proponer, sancionar y destituir jueces. Según fuentes judiciales, la modificación podría alterar el peso electoral de los representantes del fuero laboral dentro del cuerpo.
En cuanto a la implementación, Tapia explicó que, una vez sancionada la ley, en la Ciudad tramitarán «las causas de conflictos individuales cuya prestación efectiva sea en la Ciudad; es decir, la competencia la fija el lugar de prestación del empleo y no el domicilio social de la empresa». Actualmente, el fuero laboral nacional recibe alrededor de 55.000 causas por año. Estiman que unas 30.000 pasarían a la órbita porteña.
El artículo 91 Bis encomienda al Gobierno nacional transferir a la Ciudad los recursos necesarios para el funcionamiento del fuero del trabajo, garantizando el funcionamiento transitorio de la Justicia Nacional del Trabajo mientras se concreta el traspaso.