El secretario de Ética Pública y Control de Gestión provincial informó que mañana comenzarán con los exámenes a los primeros 60 funcionarios. Un caso positivo podría determinar la licencia o el cese de funciones
El Gobierno de la provincia de San Luis puso en marcha una medida que generó un fuerte impacto mediático: la implementación de exámenes toxicológicos obligatorios para todos los funcionarios públicos.
El primer sorteo, realizado este miércoles 5 de marzo, determinó quiénes serán los primeros 60 trabajadores estatales en someterse a la prueba. Ricardo Bazla, secretario de Ética Pública y Control de Gestión de la provincia, brindó detalles sobre la iniciativa en una entrevista con Radio Mitre.
“Esta ley nos obliga a someternos a un análisis toxicológico para determinar si en nuestros cuerpos existen rastros de consumo de drogas ilegales como cocaína, metanfetamina, morfina o marihuana”, explicó el funcionario, precisando que los testeos comenzarán el viernes 7 de marzo a partir de las 8 de la mañana.
La normativa, titulada “Ejemplaridad y coherencia por parte de los poderes públicos de la provincia de San Luis en la lucha contra el narcotráfico”, establece que todos los funcionarios de nivel jerárquico y político de los tres poderes del Estado provincial deberán realizarse el examen de manera obligatoria, anual y aleatoria. El procedimiento garantiza transparencia a través de un sorteo, que en esta primera instancia fue realizado por la Lotería de San Luis.
Bazla detalló que en total serán evaluadas 1.600 personas, y los primeros 60 seleccionados ya fueron notificados para presentarse a la toma de muestras de orina. La Universidad Nacional de San Luis, a través de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, será la encargada de realizar los análisis, mientras que en caso de un resultado positivo, se efectuará una segunda prueba en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Sobre las posibles sanciones, Bazla indicó que si se detecta “la presencia de metabolitos de sustancias psicotrópicas ilegales”, se evaluarán distintas medidas según el nivel de adicción. En el caso del Poder Ejecutivo, podría disponerse el cese inmediato en la función pública. Cada poder estatal determinará si corresponde otorgar una licencia, suspender al funcionario hasta su recuperación o cesarlo en sus funciones, respetando la Constitución Provincial y la legislación vigente.
La normativa fue aprobada en noviembre de 2024 y el gobernador Claudio Poggi fue el primero en someterse al examen. Tras dar a conocer su resultado negativo, sostuvo que la lucha contra el narcotráfico “necesita coherencia y fortaleza, lo cual imposibilita a quienes consumen llevarla adelante”.
Además del mandatario, también se realizaron el narcotest el vicegobernador Ricardo Endeiza, la ministra de Seguridad Nancy Sosa, la secretaria General Romina Carbonell, el ministro de Hacienda Néstor Ordóñez, la ministra de Salud Teresa Nigra, el ministro de Educación Guillermo Araujo y el secretario de Comunicación Diego Masci.
